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El Consejo Mundial de la Salud (CMS) pide a los gobiernos que dejen de utilizar tácticas de control de multitudes que causan daño, como la fuerza excesiva y las «armas no letales». El derecho a reunirse y protestar es un derecho humano fundamental, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Históricamente, las protestas han provocado cambios positivos, ya que los civiles piden cuentas a los gobiernos. Por ello, los gobiernos tienen el deber de permitir la protesta pacífica y, cuando estalle la violencia, que la respuesta sea proporcionada.

Unas imágenes captadas en el campamento de Wellington el miércoles 2 de marzo mostraban a la policía haciendo un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes contrarios al mandato, que llevan casi cuatro semanas manifestándose frente al edificio del Parlamento neozelandés. Hace menos de dos semanas, la policía de Canadá también hizo un uso excesivo de la fuerza para desalojar de las calles de Ottawa a los participantes en el convoy de la libertad que quedaban, tras la invocación de la Ley de Emergencias.

En muchas protestas y manifestaciones de los últimos años, las tácticas de control de multitudes han estado lejos de ser proporcionadas. Las fuerzas policiales han respondido con las llamadas «armas no letales», que causan lesiones físicas y psicológicas, e incluso la muerte. Entre ellos se encuentra el gas lacrimógeno -un agente químico de guerra prohibido por la Convención de Ginebra de 1925 y la Convención sobre Armas Químicas de 1997 en la guerra, pero que se sigue utilizando contra la población civil-, el cañón sónico, las balas de goma, las porras, el spray de pimienta, el cañón de agua, la granada de contusión y muchos más.

Algunas de estas armas son, de hecho, potencialmente letales y muchas no han sido evaluadas adecuadamente en cuanto a su impacto en civiles de diferentes edades y con condiciones preexistentes. Todos ellos son perjudiciales para el cuerpo humano. Por ejemplo:

Ante las manifestaciones pacíficas, el WCH pide a los gobiernos que respondan con un compromiso pacífico. Es su responsabilidad y deber para con sus ciudadanos escuchar y colaborar cuando surgen cuestiones que inspiran la protesta. La represión agresiva de los movimientos de protesta no fomenta el diálogo constructivo ni el progreso positivo, y puede dar lugar a una escalada de las propias protestas.

El CMI está con las personas pacíficas que protestan contra los mandatos en todo el mundo y en contra de todo uso excesivo de la fuerza contra ellas.

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